Fiscalía de Nayarit ejecuta 26 órdenes de aprehensión por violencia de género
DD. HH.

Fiscalía de Nayarit ejecuta 26 órdenes de aprehensión por violencia de género

Por: Karla Elizabeth Navarrete Robles
Tepic
Fecha: 04-12-2025

La Fiscalía General del Estado de Nayarit ejecutó 26 órdenes de aprehensión relacionadas con delitos cometidos en agravio de mujeres, niñas y adolescentes. Estas detenciones forman parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia de género en la entidad. Las órdenes de aprehensión incluyen cargos como violencia familiar, abandono de familiares, violación, abuso sexual, atentados al pudor y amenazas.

De acuerdo con las autoridades, 14 de las órdenes son por violencia familiar, 6 por abandono de familiares, 1 por violación, 1 por abuso sexual, 1 por atentados al pudor y 3 por amenazas. Con esta acción, la Fiscalía acumula un total de 213 órdenes de aprehensión desde el 24 de noviembre, como parte de una estrategia para reducir los delitos de violencia contra las mujeres en Nayarit. Esta serie de detenciones también refleja el creciente enfoque en la protección de los derechos de mujeres y niñas en el estado.

La operación también coincidió con la aprobación de reformas clave en el Congreso local. En una reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Igualdad de Género y Familias, se aprobaron los proyectos de decreto que reforman los artículos 293, 294 y 311 del Código Penal de Nayarit, en materia de violación y violencia familiar. Estas reformas buscan actualizar y fortalecer las leyes en relación con estos delitos para mejorar la respuesta institucional.

Según el Informe de Violencia de Género 2023 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Nayarit sigue enfrentando altas tasas de violencia contra las mujeres. Durante el primer semestre de 2023, se registraron más de 500 denuncias por violencia familiar y alrededor de 100 casos de abuso sexual. La violencia familiar sigue siendo el delito más frecuente, lo que refleja una tendencia persistente que ha llevado a las autoridades a reforzar las políticas públicas y las acciones judiciales en este ámbito. Las reformas recientes al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales son parte de los esfuerzos para ofrecer una respuesta más efectiva y oportuna a este grave problema social.



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