Cuando los trabajadores del sector público sufren burnout el agotamiento emocional, estrés crónico y desmotivación aumenta la intención de renunciar o cambiar de puesto, elevando la rotación laboral y afectando directamente la calidad del servicio.
La salida frecuente de personal implica pérdida de conocimiento institucional y experiencia acumulada, reduce la eficiencia operativa y obliga a invertir tiempo y recursos en capacitar nuevas incorporaciones.
Durante estas transiciones suelen darse demoras y caídas en la calidad del servicio, lo que afecta la confianza ciudadana.
En salud pública, el burnout ha elevado la "turnover intention": hasta 38 por ciento del personal médico presenta agotamiento severo y entre 45 por ciento y 55 por ciento del personal de enfermería considera renunciar, mientras que la rotación en urgencias llega a 25 por ciento anual. Sustituir a un trabajador capacitado retrasa entre 3 y 6 meses la recuperación operativa y cada reemplazo cuesta entre 20 por ciento y 50 por ciento del salario anual, lo que refleja el fuerte impacto del burnout en la continuidad y eficiencia del servicio público.
Para evitarlo, expertos recomiendan medidas preventivas como fortalecer el apoyo psicológico y social dentro de las instituciones, fomentar ambientes de trabajo sanos con justicia organizacional, reconocimiento y comunicación efectiva, y promover la flexibilidad laboral cuando sea posible.
También se destaca la importancia de la capacitación continua y el acompañamiento psicológico en áreas de alta presión para prevenir el desgaste prematuro. Estos factores aumentan el "capital psicológico" y el "capital social organizacional", reduciendo la intención de abandonar el empleo.