Integrantes de la Asamblea No al Tarifazo Edomex y activistas por la movilidad anunciaron su rechazo al nuevo incremento en las tarifas del transporte público en el Estado de México, al considerar que el alza es injustificada frente a la calidad del servicio.
Dante Álvarez Jiménez, activista por el espacio público y la movilidad en el Valle de Toluca, señaló que el aumento "perpetúa el caos estructural" del transporte en la entidad, al beneficiar a transportistas y grandes concesionarios sin mejorar las condiciones para los usuarios.
El activista recordó que desde 2013 la tarifa se ha incrementado en varias ocasiones cómo 2017, 2019, y ahora 2025 sin que se cumplan las promesas de modernización.
"El Edomex tiene una de las tarifas más altas del país y menos del 20% de las unidades cumple con la normatividad; el resto son camiones viejos e irregulares", dijo.
Entre las principales demandas de la Asamblea están: tarifas preferenciales para personas mayores y estudiantes, inversión en transporte público masivo y ciclovías, así como la reestructuración del sistema actual hacia corredores regulados de mediana y alta capacidad.
Álvarez criticó que, en lugar de infraestructura de transporte masivo, el gobierno destine miles de millones de pesos a obras como puentes vehiculares y a la compra de unidades para transportistas, calificando el hecho como "dádivas electorales".
También denunció el control que grupos políticos y empresariales mantienen sobre el transporte, como el llamado Grupo Toluca y la organización ACME.
La Asamblea convocó a una movilización para el domingo 17 de agosto, en la que se sumarán a una protesta en apoyo al pueblo palestino, ya organizada por otras agrupaciones. Al finalizar la marcha, realizarán volanteo y una reunión interna para definir acciones contra el alza en la tarifa.
"Queremos dejar claro que nos unimos a esta movilización en solidaridad con Palestina, y que aprovecharemos para difundir nuestras demandas sobre movilidad", precisó Álvarez.
Según datos de la propia Asamblea, el incremento afectará especialmente a las familias de la periferia, donde el pasaje podría superar los 20 pesos por viaje, encareciendo el acceso a educación, salud y trabajo.