La presencia del crimen organizado en el Estado de México ha generado una espiral de violencia que no solo afecta la seguridad de los mexiquenses, sino que también impacta directamente en su economía.
La inflación histórica del 8.7% ya había golpeado fuertemente los insumos del campo, como el fertilizante y los combustibles, encareciendo la producción. Sin embargo, la suma del cobro de cuotas ilegales por parte de grupos criminales ha puesto en jaque a los productores mexiquense
El municipio de Zinacantepec es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado ha afectado la producción de alimentos. Las extorsiones han obligado al cierre de todos los rastros para procesar pollo vivo, dejando a los productores sin opciones y a los consumidores con precios elevados.
En Toluca, la situación no es mejor. En los últimos meses, entre seis y ocho rastros de pollo han cerrado debido a las constantes extorsiones. El secuestro de cuatro trabajadores de una empresa avícola en diciembre pasado puso de manifiesto la gravedad de esta problemática.
Los consumidores son los que más sufren las consecuencias de esta situación. El precio de una pechuga de pollo ha alcanzado niveles exorbitantes, oscilando entre los $120 y $160 pesos, lo que representa un fuerte impacto en el bolsillo de las familias mexiquenses.
La crisis por las extorsiones en el sector avícola no se limita a Zinacantepec y Toluca. En otros municipios del Estado de México, los productores de pollo, huevo, aguacate y limón también enfrentan amenazas y cobros ilegales, lo que genera una desestabilización en la cadena de suministro y un aumento generalizado de los precios.