Sismos, inundaciones, deslaves, derrames tóxicos, incendios y episodios de contaminación forman parte del panorama recurrente en México.
Pero la verdadera emergencia no siempre ocurre el día del desastre, sino en lo que viene después, cuando las promesas de ayuda no se cumplen, los recursos se diluyen, la reconstrucción no llega, las enfermedades se disparan y los responsables quedan en completa impunidad.
El Atlas de Inundaciones 2025 señala que la temporada de lluvias 2024-2025 dejó afectaciones en 98 puntos críticos de 99 colonias en 34 municipios, impactando a 23 mil. Además, tormentas en la zona conurbada del Valle de México provocaron daños en más de 21 mil familias. A estas afectaciones se suma el incremento de contaminación en ríos y drenajes, pues las inundaciones arrastraron aguas negras, residuos industriales y desechos urbanos, dejando zonas con altos niveles de bacterias y metales pesados.
Pese a la recurrencia, el Estado de México no cuenta con un panorama uniforme de prevención, ya que sólo 68 por ciento de los municipios tiene un atlas de riesgo actualizado, dejando a un tercio de las localidades sin información clave para anticipar o mitigar daños.
Aunque después de cada desastre se anuncian apoyos, inversiones y programas de reconstrucción, los reportes oficiales muestran una marcada brecha entre lo prometido y lo ejercido
En inundaciones como las del Valle de México en 2024, sólo se aplicaron alrededor de 326 millones de pesos, muy por debajo de lo anunciado, y para 2025 legisladores señalaron retrasos y falta de claridad en el uso de recursos destinados a mitigación.
La emergencia inmediata es visible, pero la emergencia prolongada que deja a familias sin reconstrucción, a ríos sin remediar y a responsables sin sanción es la verdadera tragedia cotidiana. Mientras no existan medidas de prevención efectivas, obras concluidas y absoluta transparencia en el uso de los recursos, miles de familias seguirán viviendo entre la incertidumbre y la vulnerabilidad.