El dióxido de carbono tiene un precio. En realidad, tiene muchos. Su exceso en la atmósfera provoca el aumento de temperaturas afectando la vida en el planeta. En los océanos, el CO2 disuelto acidifica el agua, dificultando la supervivencia de los organismos .
Más allá de su impacto ambiental y social, el CO2 también tiene un precio de mercado, ligado al comercio de bonos de carbono.
Los bonos de carbono son instrumentos financieros diseñados para incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
A través de este sistema, las compañías pueden comprar bonos para compensar su huella de carbono, financiando proyectos ecológicos y sostenibles en sectores como la agricultura, la energía y la reforestación.
Cada bono equivale a una tonelada de CO2 compensada y su precio varía según la oferta y demanda en el mercado. En la actualidad, un bono de carbono tiene un costo aproximado de 430 pesos, y los recursos generados se destinan a programas de reforestación y protección ambiental.
En 2021, el Estado de México se convirtió en una de las dos primeras entidades del país en adoptar el uso de bonos de carbono. Esta estrategia se enfocó en apoyar a las familias dedicadas al cuidado de las zonas forestales, beneficiando a más de 19 municipios, principalmente en el norte del estado.
Entre 2021 y 2023, este mecanismo generó más de 2 millones de pesos, canalizados a la conservación de los bosques y la mitigación del cambio climático.
Sin embargo, a pesar de los beneficios de este mercado, su acceso sigue siendo limitado y está mayormente aprovechado por empresas extranjeras, lo que deja rezagadas a las pequeñas y medianas empresas mexicanas en su uso, aplicación y aprovechamiento.
La falta de información y acceso a estos instrumentos impide que más negocios nacionales participen en este mercado, lo que representa una oportunidad desaprovechada tanto para el sector empresarial como para la conservación ambiental en México.
