El avance de la tecnología y la creciente digitalización han convertido a internet en un espacio fundamental para la vida cotidiana.
En el caso del Estado de México, la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares reveló que 13 millones 313 mil 595 personas son usuarias de internet, lo que representa un 81.9% de su población total. Sin embargo, este acceso masivo también ha traído consigo diversos desafíos en términos de seguridad, privacidad y libertad de expresión.
Recientemente, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, destacó que la erradicación de la violencia digital y política requiere políticas públicas que aborden las causas profundas del problema y promuevan una cultura de respeto y diálogo.
Dentro de este marco, el diputado ha propuesto retomar la idea de crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Esta agencia tendría la facultad de dar de baja direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios de internet.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es su capacidad para eliminar contenido en línea, lo que ha generado preocupaciones sobre una posible censura arbitraria.
La posibilidad de regular el uso de internet y redes sociales plantea una delgada línea entre la seguridad digital y la restricción de la libertad de expresión.
