En México, la impunidad es uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia y el combate a la corrupción.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: de cada 100 delitos, sólo 6.4 se denuncian y, de estos, únicamente 14 llegan a resolverse. En otras palabras, la probabilidad de que un delito cometido sea efectivamente resuelto es de apenas uno de cada 100.
El Estado de México se encuentra entre las cinco entidades con mayor impunidad en el país, ya que cerca del 97 por ciento de los delitos quedan sin castigo. De acuerdo con el estudio Hallazgos 2023, la impunidad alcanza el 91.65 por ciento en casos de homicidio doloso, el 76 por ciento en feminicidios y el 97 por ciento en desapariciones.
La impunidad está ligada a la falta de denuncia, impulsada por la corrupción y la desconfianza en el sistema de justicia. Según la ENVIPE 2024, las principales razones por las que las víctimas no denuncian son la pérdida de tiempo, con 34.4 por ciento, y la desconfianza en la autoridad, con 12.7 por ciento, reflejando deficiencias institucionales.
El estudio Percepciones de Impunidad 2024 señala que el 22 por ciento de los encuestados atribuye la impunidad a la colusión entre autoridades y delincuentes. También destacan la inacción policial, la falta de denuncias y la liberación de delincuentes por jueces. Además, el 12 por ciento menciona la falta de investigación del Ministerio Público y otro 12 por ciento la desconfianza en las instituciones.
Si bien las cifras oficiales señalan una disminución en delitos graves, en realidad estamos frente un subregistro que genera impunidad. Romper este ciclo requiere investigaciones eficaces, sanciones a los responsables e instituciones confiables. Sin justicia, la impunidad seguirá amenazando la seguridad y el estado de derecho.
