La corrupción municipal en México sigue siendo un problema constante, pese a la existencia de los Órganos Internos de Control, creados para supervisar el uso de recursos públicos y sancionar irregularidades.
Aunque su objetivo es prevenir y castigar actos de corrupción, los resultados muestran que su efectividad es limitada y su funcionamiento, en muchos casos, más simbólico que real.
Según el INEGI, hasta 2022 solo mil 799 de los 2 mil 469 municipios del país contaban con un órgano interno de control, por lo que más del 25 por ciento carecen de esta instancia de supervisión.
En el Estado de México, los 125 municipios están obligados a contar con un mecanismos efectivos contra la corrupción. , reforzado por una reforma de 2023; sin embargo, la realidad operativa sigue mostrando carencias. De acuerdo con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, entre agosto de 2024 y julio de 2025 se realizaron mil 897 auditorías, 9 mil 411 inspecciones, mil 842 supervisiones, 14 mil 529 testificaciones y 5 mil 716 sanciones firmes. Cabe destacar que 106 municipios aún carecen de mecanismos para recibir denuncias ciudadanas.
A decir del maestro en Administración y Políticas Públicas Eduardo Rodríguez Manzanares, si bien existe un marco legal sólido y una estructura institucional establecida, la eficacia de los Órganos Internos de Control es desigual.
Estos organismos registran actividades y sanciones, pero enfrentan obstáculos que limitan su funcionamiento, como la falta de autonomía real, la insuficiencia de recursos humanos y presupuestales y una débil cultura de rendición de cuentas, pues la mayoría de los municipios no publican información sobre denuncias ni sanciones concluidas.
En la práctica, los Órganos Internos de Control aún no logran consolidarse como mecanismos efectivos contra la corrupción. Mientras no cuenten con autonomía plena, personal capacitado y recursos suficientes, seguirán siendo instancias más formales que operativas dentro de los gobiernos municipales.