Reconfiguración del Poder Judicial mexiquense nueva estructura institucional
Toluca
Fecha: 01-12-2025
Con la reforma judicial aprobada en 2023 y cuyos efectos entraron plenamente en vigor en 2025, el Poder Judicial del Estado de México vive la transformación más profunda de su historia.
Por primera vez, jueces y magistrados fueron elegidos por voto popular, y la institución quedó reorganizada en nuevos órganos encargados de impartir justicia, vigilar el desempeño de sus funcionarios y administrar su operación interna.
La nueva estructura judicial del Estado de México es encabezada por el Tribunal Superior de Justicia , máxima autoridad encargada de resolver asuntos en segunda instancia. Está integrado por 30 magistradas y magistrados distribuidos en salas como la Constitucional, Colegiadas, Unitarias y la de Asuntos Indígenas, y será presidido por Héctor Macedo García durante dos años.
En la operación diaria se encuentran los juzgados y tribunales de primera instancia, responsables de atender juicios penales, familiares, civiles, laborales y mercantiles; el Estado de México cuenta con 55 juezas y jueces electos que integran juzgados de Control, Tribunales de Enjuiciamiento, Juzgados de Ejecución y otros órganos especializados según la materia. En total, la entidad renovó 91 cargos judiciales mediante voto ciudadano.
El Poder Judicial del Estado de México tiene un presupuesto de 6 billones de pesos, ahora gestionado por el Órgano de Administración Judicial, en un contexto de mayores responsabilidades y demanda ciudadana.
A esta presión financiera se suman desafíos como la consolidación de la nueva estructura institucional, la supervisión del desempeño de jueces y magistrados electos por voto popular, la modernización tecnológica, la necesidad de reducir rezagos procesales y el fortalecimiento de la confianza pública en las resoluciones judiciales.
A decir de la licenciada en derecho Araceli Ladero Chávez, el Poder Judicial del Estado de México enfrenta el reto de construir una administración más ágil, transparente y técnica para responder tanto a su presupuesto como a su nueva estructura. Su capacidad para modernizar procesos y recuperar la confianza ciudadana será clave para medir el éxito de la reforma, además señala que, si la implementación avanza con orden, los primeros resultados podrían verse en un año.
