Reforma a la Ley de aguas nacionales: Implicaciones en el EDOMEX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió el pasado 1 de octubre de 2025 al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de expedición de la Ley General de Aguas. Estas propuestas han generado un amplio rechazo de diversos sectores, incluyendo agricultores, pueblos originarios y organizaciones sociales, quienes temen que limiten sus derechos sobre el recurso y afecten la productividad agrícola.

Sin embargo, el gobierno federal defiende estas iniciativas bajo el ideal de que "el agua deja de verse como una mercancía" y se reconoce explícitamente como un derecho humano esencial, priorizando su acceso equitativo y sustentable.

La reforma busca recuperar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales, combatiendo prácticas como el acaparamiento y la extracción ilegal, así, se impone un régimen de "candados" estrictos: no será posible transferir títulos entre particulares sin autorización federal, y se prohíbe explícitamente el cambio de uso del agua.

Según datos de Conagua al cierre de 2024, el estado registra 2,585 concesiones de agua superficial y 2,589 de agua subterránea, muchas de ellas en acuíferos sobreexplotados como el del Valle de México, donde la disponibilidad media anual es negativa en varios sectores.

La prohibición de transferencias y cambios de uso beneficiaría a comunidades locales al prevenir que grandes acaparen agua agrícola para procesos comerciales, un problema recurrente en Edomex donde el 40% de los acuíferos están en semáforo rojo por sobreexplotación

Aunque estos cambios prometen aliviar la sobreexplotación de acuíferos, generan temores legítimos de devaluación patrimonial y tensiones en el suministro urbano-industrial.