Desde hace una década, el Estado de México ha sido escenario de reformas legales destinadas a reconocer a los pueblos originarios y asegurar su participación en los gobiernos locales.
Este esfuerzo se ha manifestado particularmente desde el año 2015, cuando municipios como Temoaya comenzaron a implementar la figura del Representante Indígena ante los ayuntamientos, marcando un hito en la inclusión aunque con limitaciones significativas en sus funciones.
El Estado de México ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a población originaria, superado solo por estados del sureste del país.
A pesar de que la ley obliga a todos los municipios a tener un representante indígena, actualmente solo 43 de los 125 municipios cuentan con esta figura. Según el Consejo Estatal de Población, aproximadamente el 17% de los mexiquenses se identifican como indígenas o con alguna etnia, y en la mayoría de los municipios existen comunidades originarias.
Un avance significativo ocurrió en 2019 en Temoaya, cuando el Tribunal Electoral del Estado de México dictaminó que los representantes indígenas, aunque no tengan derecho a voto o voz en las sesiones del ayuntamiento, deben ser convocados a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del cabildo, especialmente cuando se traten temas relacionados con asuntos indígenas.
Sin embargo, el desafío actual radica en que estos representantes no sean meramente simbólicos o "de aparador". La efectividad de su representación depende de la capacidad de estos representantes para influir en las decisiones políticas y administrativas que impactan directamente a sus comunidades
La limitación en sus funciones y la falta de poder de decisión en los ayuntamientos son obstáculos que aún deben ser superados para lograr una verdadera inclusión y participación.
