En el Estado de México el robo de cables eléctricos, telefónicos y de telecomunicaciones se ha convertido en amenaza a la infraestructura esencial y la cotidianidad de sus ciudadanos.
Este delito, impulsado por el alto valor del cobre en el mercado negro, no solo representa pérdidas millonarias para las empresas propietarias, sino que genera interrupciones prolongadas en servicios básicos como la electricidad y las comunicaciones, afectando directamente a millones de usuarios vulnerables.
A nivel nacional, el robo de cables de cobre se cuadruplicó entre 2019 y 2023, y aunque en 2025 se observó una ligera disminución, la entidad sigue siendo uno de los epicentros concentrando el 5% de los casos a nivel nacional. La Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas acumuladas superiores a los 488 millones de pesos entre 2014 y 2024 por este concepto.

Menos del 15% de los robos patrimoniales llegan a resolverse, según datos del INEGI, y en el caso del robo de cables la cifra es aún más baja debido a la dificultad para identificar y detener a los responsables.
Las bandas operan con relativa tranquilidad: cortan cables en vías férreas, autopistas, colonias populares y hasta en zonas industriales, funden el cobre en chatarrerías que rara vez son inspeccionadas y lo venden en el mercado negro
La combinación de alto valor del cobre, pobreza estructural, falta de vigilancia efectiva y un sistema de justicia ineficaz ha creado las condiciones perfectas para que este delito prospere.