La Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas, suspendió de manera temporal cualquier nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
La medida impide que el exmandatario sea privado de su libertad, incluso si comparece ante el juez de control para la audiencia inicial o si se llegara a dictar prisión preventiva.
Vargas Alarcón explicó que la suspensión concedida será vigente mientras se resuelva el amparo, por lo que ninguna orden de aprehensión podrá ejecutarse durante ese periodo. La jueza detalló que, conforme al artículo 168 de la Ley de Amparo, Aureoles deberá otorgar una garantía de 100 mil pesos en un plazo de cinco días.
La suspensión de la medida cautelar no está relacionada con el caso del supuesto desvío de tres mil 412 millones de pesos por la compra de cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Coalcomán, Huetamo y Uruapan. Esa investigación sigue su curso bajo otra orden judicial.
La jueza señaló que no existen elementos suficientes para determinar la naturaleza ni las características precisas de los delitos que se imputan a Aureoles. Tampoco se advierten indicios de que el exgobernador pretenda evadir la acción de la justicia, por lo que se consideró procedente la suspensión temporal.
La audiencia en la que se definirá si se concede la suspensión definitiva está programada para el viernes 22 de agosto. Mientras tanto, Aureoles deberá presentarse este miércoles 20 de agosto a las 10:00 horas para su audiencia de imputación.
En febrero, la jueza de control Patricia Sánchez Nava emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero, derivados del supuesto desvío de recursos públicos en la compra de cuarteles.
En marzo, cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles fueron vinculados a proceso por los mismos delitos. Entre ellos se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, exdelegados administrativos de la SSP de Michoacán.
El caso continúa bajo estricta vigilancia judicial y mediática, mientras se esperan las próximas resoluciones sobre la situación legal del exgobernador y sus colaboradores.