El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una Orden Ejecutiva que clasifica al fentanilo ilícito y a su principal precursor químico como armas de destrucción masiva (ADM)
La decisión coloca a esta droga sintética en una categoría legal y operativa reservada tradicionalmente para amenazas químicas, biológicas o nucleares, lo que amplía de forma significativa el margen de acción del gobierno federal.
La orden instruye al Fiscal General a presentar cargos penales de manera inmediata, endurecer sentencias y revisar los criterios de condena en casos de tráfico de fentanilo.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro deberán actuar contra los activos, redes financieras e instituciones que faciliten o respalden la producción y distribución de esta sustancia.

El objetivo es debilitar no solo el flujo de la droga, sino también la estructura económica que la sostiene
Seguridad nacional y respuesta militar
La medida también involucra al aparato de seguridad nacional. El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, evaluará el uso de recursos especiales de respuesta a amenazas químicas, así como la actualización de protocolos ante incidentes que involucren fentanilo.
Además, se ordenó reforzar la identificación de redes de contrabando mediante inteligencia asociada a armas de destrucción masiva y no proliferación.
Según el gobierno estadounidense, el fentanilo ilícito presenta características propias de un agente químico letal: dos miligramos pueden resultar mortales, y su consumo ha provocado cientos de miles de muertes, principalmente entre personas de 18 a 45 años.

Washington sostiene que las ganancias de este mercado financian a cárteles y organizaciones criminales con alcance transnacional, algunas ya designadas como terroristas
Una escalada en la estrategia antidrogas
Esta orden se suma a medidas previas impulsadas por Trump, como la declaratoria de emergencia en la frontera sur, la designación de cárteles como organizaciones terroristas, sanciones comerciales y la promulgación de la Ley HALT Fentanilo.
Con esta nueva clasificación, el fentanilo deja de ser tratado solo como un problema de salud pública o narcotráfico, y pasa a considerarse una amenaza directa a la seguridad nacional.

La decisión abre un nuevo capítulo en la política antidrogas de Estados Unidos y anticipa una estrategia más agresiva, con implicaciones legales, diplomáticas y militares