Abogados piden limitar prisión preventiva a delitos graves

Juan Kilimaco Hernández Bustos, presidente del Instituto de Capacitación para Abogados de Tuxpan (ICATUX), expresó su preocupación por la ampliación del catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa, a través de un decreto aprobado el 31 de diciembre de 2024 en la Cámara de diputados.

Según Hernández Bustos, esta medida permite la detención automática de una persona sin una justificación específica por parte del Ministerio Público, lo que considera una vulneración a los derechos fundamentales. En su opinión, en lugar de aplicar esta medida de forma automática, se debería optar por la prisión preventiva justificada, donde el fiscal debe demostrar la necesidad de la detención preventiva.

Ante la discusión actual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa, Hernández Bustos considera que esta figura debería aplicarse únicamente en casos de delitos de alto impacto y señaló que la Corte podría declarar su inconstitucionalidad, ya que en muchos casos se ha abusado de su aplicación, afectando los derechos fundamentales de los individuos.

El presidente del ICATUX indicó que debe promoverse a una reforma que garantice un equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos humanos considerando necesario revisar y modificar las leyes para evitar abusos y asegurar que las medidas de detención sean aplicadas de manera justa y proporcional.