El municipio de Acala atraviesa una crisis ambiental alarmante derivada de la operación intensiva dela gravera que deja una huella visible y preocupante en el entorno natural.
Las denuncias de los pobladores señalan a la presidenta municipal Patricia Coello Zapata y a su esposo, exalcalde del mismo municipio, Rodrigo Trinidad Rosales quienes presuntamente son directamente los responsable de esta explotación.
Las imágenes captadas por habitantes enviadas a este espacio, no dejan lugar a dudas: grandes pozos han sido abiertos a lo largo del cauce del río Grijalva y en terrenos aledaños, modificando profundamente el paisaje. Las consecuencias son evidentes y devastadoras. La maquinaria pesada que extrae grava del río ha provocado un proceso acelerado de deforestación; árboles de gran tamaño han sido derribados por la pérdida de suelo, debilitado por la constante excavación. Los ecosistemas ribereños se encuentran en retroceso, y el equilibrio ecológico de la zona está siendo gravemente alterado.
El impacto no es únicamente ambiental. Agricultores locales se han visto afectados al perder parte de sus terrenos por los deslizamientos y el deterioro del suelo. Las tierras fértiles que por generaciones sostuvieron a familias completas están siendo consumidas por la actividad industrial de la gravera, como las ubicadas en los ejidos San Marcial y cupijamo. A esto se suma el daño irreversible a un cuerpo de agua tan importante como el río Grijalva, vital no solo para el medio ambiente y la agricultura, sino también para el turismo, que ha sufrido una y fuerte caída debido a la degradación del paisaje natural.
Los pobladores ya acudieron a la presidenta para exigir que pare este daño ambiental y no hay respuesta positiva alegando que existe el permiso correspondiente para seguir con la extracción de grava, por lo cual ya existe una queja formal a la Conagua.
Lo más preocupante es el vínculo entre los intereses políticos y empresariales. La supuesta participación de la presidenta municipal y su esposo en la operación de esta gravera representa un conflicto de interés que no puede ser ignorado. El uso del poder político para fines privados está llevando al pueblo de Acala al límite de sus recursos naturales, sociales y económicos.
La ambición desmedida de este par de funcionarios corruptos que desde hace años Rodrigo Trinidad Rosales y Patricia Coello Zapata actual presidenta se han enriquecido a manos llenas, continúan con el saqueo de recursos, transformando al municipio en un escenario de explotación sin freno.
La Conagua, PROFEPA y Semarnat, deben coadyuvar e iniciar las investigaciones correspondientes a todos los involucrados en este desastre ambiental en Chiapas
