"La violencia ya no se aguanta, el pueblo se está levantando, la iglesia se está levantando".
Estas fue una de las últimas apariciones públicas del padre Marcelo Pérez en septiembre de 2024, quien una vez más denunciaba en una marcha multitudinaria en Tuxtla Gutiérrez, la violencia que recrudecía en todo el Estado? un mes después, fue asesinado.
"Se han unido las tres diócesis ante esta avalancha de violencia y que desgraciadamente el gobierno no solamente no hace nada, sino niega sistemáticamente la existencia de la violencia".
La violencia e intimidaciones a defensores de Derechos humanos en Chiapas y en todo México, no cesan.
El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas, publicó un informe sobre la violencia armada en Chiapas indicando que a pesar de un discurso "progresista" y favorable a la justicia de la Cuarta Transformación (4T), el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos y, al mismo tiempo, de proteger a las personas defensoras.
"La forma en que el CO ha venido sancionando con la violencia a aquellas personas que se han atrevido a señalar, denunciar y cuestionar".
Se han documentado 92 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos entre el 1° de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023.
76 eran hombres y 16 mujeres y la mayoría de estos casos ocurrieron en el estado de Oaxaca, seguido por Chiapas.
"La lucha y la documentación que desde abajo los pueblos han mantenido para mantener el nombre de entre otros compañeros como Antonio Méndez, pero al mismo el trabajo sistemático de organismos de Derechos Humanos".
La violencia a defensores, ocurre porque con su accionar trastocan intereses de actores poderosos, como: autoridades de varios niveles, caciques, empresas o grupos criminales.
"Nos ayudan a ir entendiendo lo que está ocurriendo, no solamente desde el testimonio concreto? han logrado señalar la responsabilidad política de ciertos funcionarios, pero también del estado mexicano en su conjunto".
En Chiapas, el sector minero ejemplifica la colusión entre grandes intereses económicos y políticos, y cómo estos vulneran el derecho a defender la vida y el territorio de las personas, pues la violencia también se vive a través de desplazamiento forzado.
"De enero de 2023 al 2024, el número de desplazamiento aumentó a 15 mil 780 personas que han sido desplazadas"
Esto ocurrió específicamente en los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, Bella Vista y Tila.
"En la Sierra han sido desplazados a manos por la delincuencia organizada, 8 mil 190 personas".
Cientos de agresiones a comunidades y defensores se han documentado, sin que la autoridad haya actuado. Y es que, desde la experiencia del Frayba, en Chiapas, la mayoría de las personas se vuelven defensoras por necesidad; porque sus derechos, o los de alguna persona de su entorno, han sido violados.
