La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar el límite territorial entre Oaxaca y Chiapas, viola los derechos de pobladores de alrededor 17 ejidos en el Noroeste del municipio de Cintalapa, dijo Noé Maza Albores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas.
Entrevistado luego de que el Pleno de la Suprema Corte determinó que la línea limítrofe que debe regir entre ambas entidades partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noroeste hasta el cerro del Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de La Jineta y de ahí, con rumbo noreste, hasta el cerro de Los Martínez, dijo que los magistrados determinaron sin consultar a los ejidatarios.
Anotó que se ha seguido un procedimiento agrario para los ejidos de la zona Noroeste de Cintalapa, antes de las resoluciones presidenciales de 1937, por lo que hay que señalar la condición jurídica en la que quedan todos los ejidos que fueron debidamente dotados ejecutados con planos definitivos, toda vez que el artículo 304 de la Ley Federal de la Reforma Agraria de esa época, al igual que el Código Agrario refería que los planos definitivos son totalmente inmodificables. Se violan flagrantemente los derechos de los ejidatarios.
Maza Albores, dijo que necesariamente se tiene que resolver la nulidad de esa controversia constitucional, invocando los tratados y convenios internacionales porque son derechos legítimos que tienen los ejidatarios de Rafael Cal y Mayor, Felipe Ángeles, Canaán y Eli Herrería de Castellanos, entre otros ejidos.
En tanto, notó una gran pasividad de los senadores, quienes son los representantes de los chiapanecos, porque no han dicho nada en defensa de los ciudadanos que están siendo violados en sus derechos y combatir la controversia constitucional.