¿Iberdrola se va de México?

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la multinacional española Iberdrola "no tendría por qué retirarse" de México, pues en el país existen reglas claras y certeza jurídica para su desarrollo.

Al ser consultada sobre reportes de que presuntamente Iberdrola contrató al banco Barclays para vender 15 plantas de energía renovable en México valuadas en aproximadamente 4,000 millones de euros, Sheinbaum aclaró que aún no hay confirmación oficial de esa decisión y descartó que la posible salida tenga relación con falta de seguridad jurídica:

"No tiene que ver con que no haya certeza jurídica. Cuando se habla del Estado de Derecho, quiere decir que todo el mundo se ponga en regla las sociedades de autoabasto siguen siendo ilegales, hay que legalizarlas" 

Sheinbaum recordó que estas sociedades de autoabasto muchas de las cuales incluyen participación de Iberdrola operan bajo un esquema legalmente cuestionable. La administración federal ha exigido que las empresas se "pongan en regla", ya sea vendiendo energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o ajustándose al marco legal vigente 

Respecto a una posible recompra de las plantas por parte del estado, Sheinbaum dijo que no hay que descartar esa opción: el gobierno podría evaluar esa medida mediante un esquema similar al utilizado en la administración anterior, aunque por ahora no está contemplado.

En cuanto a inversión privada en el sector energético nacional, la presidenta sostuvo que hay margen para participar, siempre y cuando se respeten las reglas técnicas y legales: incluyendo medidas para garantizar estabilidad del sistema eléctrico, como la integración de sistemas de almacenamiento y control de voltaje 

Además, destacó que el 54% de la generación eléctrica permanecerá bajo control de CFE, mientras que el 46% restante seguirá abierto a inversiones privadas.

Claudia Sheinbaum reafirma que Iberdrola no tiene motivos válidos para retirarse de México, insistiendo en que el marco jurídico y normativo está claramente establecido para la inversión privada. La única exigencia firme del gobierno federal es que las empresas involucradas en sociedades de autoabasto se ajusten a la legalidad, o bien vendan sus excedentes a CFE. Aunque se analiza la posible adquisición estatal de las plantas en venta, esa opción no está por el momento en agenda.