Reemplacamiento 2026 en Veracruz:¿Orden vehicular o medida recaudatoria?

La reciente declaración de la gobernadora de Veracruz sobre el reemplacamiento de automóviles que se implementará en 2026 ha generado reacciones entre la ciudadanía. Si bien se ha argumentado que la medida busca actualizar el padrón vehicular, mejorar la seguridad pública y ordenar el tránsito estatal, lo cierto es que para muchos esta decisión tiene un trasfondo recaudatorio.

El último proceso de reemplacamiento se realizó en 2022, durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, y dejó ingresos por más de mil millones de pesos.

Se condonaron recargos y multas, pero el costo para quienes no estaban al corriente se fijó en más de $1,300 pesos?

En Veracruz existe un padrón vehicular de más de 2 millones 100 mil unidades

Veracruz ha implementado cambios de placas las últimas cuatro administraciones consecutivas: durante los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García. Esta recurrencia sugiere que el reemplacamiento funciona como una fuente de ingreso extraordinario.

Aunque de primera instancia, la gobernadora señaló que a partir del 2026 todos los autos de Veracruz estarán obligados a portar las nuevas placas, mismas que además contarán con un chip de seguridad, posteriormente reculó y dijo que se continúa analizando qué autos formarán parte de la medida.

Sin embargo, aseguró que el reemplacamiento iniciará el próximo año.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, que se busca reordenar.

"se busca la seguridad, pues no hay una base de datos? es parte de lo que tiene que hacer este gobierno"

A finales de 2024, la deuda total del estado superaba los 49 mil millones de pesos, lo que ubica a Veracruz entre las cinco entidades más endeudadas del país.

Ciudadanos coinciden en que el anunciado no puede entenderse únicamente como una medida de seguridad, pues consideran que también está relacionado con un tema financiero marcado por la deuda y necesidad de liquidez.

Aunque el gobierno de Veracruz promueve el reemplacamiento de 2026 como una medida necesaria para la modernización administrativa y la seguridad ciudadana, la historia reciente, la desconfianza institucional y la percepción social apuntan a que su finalidad principal es recaudatoria.