La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció la desaparición de la Dirección General de la Tesorería, una decisión que marca un nuevo paso en la reestructura interna del máximo tribunal del país y que responde a la transición en curso dentro del Poder Judicial de la Federación
Esta medida, oficializada mediante el Diario Oficial de la Federación, implica que las responsabilidades que antes recaían en dicha área serán reasignadas a otras dependencias, con el objetivo de consolidar los procedimientos administrativos y financieros bajo un solo esquema, buscando mayor eficiencia y control en el manejo de recursos.
El acuerdo, que entró en vigor el 1 de mayo, detalla que las funciones relacionadas con la gestión de apoyos económicos para prestaciones médicas y la administración de pensiones complementarias, así como otros apoyos médicos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo, serán absorbidas por la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y, en lo que respecta a la atención y operación de recursos para pensiones y prestaciones, por la Dirección General de Recursos Humanos.
Esta redistribución busca agilizar los procesos internos, mejorar la transparencia en el uso del presupuesto y fortalecer la coordinación entre áreas responsables, lo que se traduce en una administración más clara y eficiente
La eliminación de la Dirección General de la Tesorería no es un hecho aislado.
Forma parte de una serie de ajustes que la SCJN ha venido implementando en el marco de la reforma judicial.
Recientemente, también se extinguió la Secretaría de Enlace y Coordinación, una oficina que tenía apenas 20 meses de funcionamiento y que se dedicaba a la organización de audiencias, eventos institucionales y visitas guiadas en las instalaciones de la Corte.
La decisión de suprimir la Dirección General de la Tesorería se fundamenta en el mandato del segundo párrafo del Transitorio Décimo del Decreto de reforma del Poder Judicial de la Federación
De acuerdo con este mandato, los recursos remanentes y productos generados por los fideicomisos en proceso de extinción han sido transferidos a la Tesorería de la Federación.
Sin embargo, se mantiene la obligación de garantizar el pago de pensiones y prestaciones médicas complementarias con recursos del presupuesto federal.
La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido la responsable de encabezar estos cambios estructurales, en respuesta a la extinción de fideicomisos ordenada por la reforma judicial
Esta reforma ha implicado la desaparición de varios fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos han sido canalizados hacia la Tesorería de la Federación, en cumplimiento de los plazos y lineamientos establecidos por la ley.
El objetivo es que los fondos remanentes se utilicen en programas prioritarios, como el financiamiento de la próxima elección judicial y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Con estas modificaciones, la SCJN busca no solo adaptarse a las nuevas reglas presupuestales, sino también optimizar la administración de sus recursos y fortalecer los mecanismos de control interno.