Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta una de sus crisis más profundas tras revelarse que, durante las últimas cinco administraciones rectorales, se habrían realizado aproximadamente 2,220 asignaciones de plazas y horas clase, al margen de los mecanismos de evaluación y prelación establecidos en el contrato colectivo de trabajo.
El Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) documentó que en la gestión de Francisco Javier Domínguez Garay se registraron 700 movimientos, en la de Alfredo Femat Bañuelos 200, durante la rectoría de Armando Silva Chairez 350, bajo Antonio Guzmán Fernández 370, y en la transición de Rubén Ibarra Reyes, Armando Flores y Ángel Román 600. El sindicato sostiene que los movimientos recientes, realizados entre marzo y septiembre de 2025, incluyeron 150 contrataciones nuevas, muchas sin relación laboral previa con la universidad, en total se contabilizan 641 movimientos, incluyendo medios tiempos y tiempos completos.
"Es momento que todos los universitarios, pero sobre todo la administración central debemos hacer un compromiso de dejar de violentar el contrato colectivo de trabajo y asumir un verdadero respeto de la normatividad interna", expresó Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ.
Las irregularidades afectan principalmente a las unidades académicas de Preparatoria, Derecho y Cultura, donde más de 300 docentes quedaron desplazados en los listados de prelación. El gremio exige respeto al contrato colectivo y solicita una auditoría académica y financiera integral para esclarecer los criterios de asignación y la responsabilidad de la rectoría.
"Siento que se nos está dando un trato de segunda y pues que lamentable que de una administración que se dice ser incluyente este para devengar los problemas dos semanas después, eso habla de la poca atención al personal docente", mencionó Juan Manuel Solís Gómez, docente de la Unidad Académica de Secundaria.
Históricamente, la institución ha concentrado su presupuesto en el pago de personal. En 2016 destinó 1,985 millones de pesos, equivalentes al 90.7 por ciento de su ingreso total, superando en 435 millones lo autorizado. Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación documentaron desde 2014 la creación de 415 categorías de personal no autorizadas, reasignaciones presupuestarias sin aval federal y omisiones en la rendición de cuentas. En 2018 se detectó que 431 millones de pesos en subsidios federales no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, y en 2020 se evidenció la falta de controles internos y un código de ética sin actualizar desde 2002.
El conflicto laboral que estalló recientemente provocó la paralización de más de 20 mil estudiantes. Aunque el rector Román Gutiérrez atribuyó el problema a administraciones previas, el sindicato sostiene que los movimientos irregulares son recientes y exigen que se detenga la práctica de asignaciones discrecionales que, afirman, han deteriorado la credibilidad institucional y agravado la crisis financiera.