El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado claro que no le corresponde investigar los posibles vínculos de candidatos a cargos judiciales con el crimen organizado
La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, explicó que la responsabilidad de analizar estos casos recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en otras instancias de seguridad.
Taddei insistió en que el INE sólo interviene una vez que recibe los listados de aspirantes enviados por el Senado, y que su función principal es verificar la documentación y los requisitos legales entregados por los candidatos, quienes deben firmar una carta bajo protesta de decir verdad asegurando que no están involucrados en delitos.
A pesar de que el INE no realiza investigaciones penales, sí tiene la obligación de evaluar la información y pruebas que recibe sobre los aspirantes, conforme a los acuerdos más recientes de su consejo general
Sin embargo, la posibilidad de anular el triunfo de un candidato solo se presenta si existe una sentencia firme en su contra por violencia, incumplimiento de pensiones alimenticias u órdenes de aprehensión.
En el contexto de la actual elección judicial, el INE ha comenzado a recibir denuncias contra once candidatos, que van desde presuntos nexos con el crimen hasta relaciones con la iglesia La Luz del Mundo, según reportes de organizaciones como el Laboratorio Electoral. Clínica de Litigio Electoral.
El proceso de selección de jueces, magistrados y ministros ha estado marcado por múltiples acusaciones y controversias
Entre los señalados se encuentra Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán, quien enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y por su posible relación con el asesinato de periodistas.
Otros aspirantes han sido relacionados con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue detenido en Estados Unidos por delitos graves.
También han surgido casos como el de Silvia Delgado, quien fue parte de la defensa legal de Joaquín "El Chapo" Guzmán y ahora busca ser jueza penal en Chihuahua, así como Edgar Rodríguez Beiza, acusado previamente de abuso sexual y actualmente candidato a magistrado en Jalisco.
Ante la presión social y las impugnaciones ciudadanas, el TEPJF ha ordenado al INE analizar a fondo la elegibilidad de candidatos como César Mario Gutiérrez Priego, hijo de un general condenado por vínculos con el narcotráfico.
El tribunal exigió que el INE emita una resolución basada en los requisitos legales, éticos y profesionales, y no se limite a argumentos formales
Organizaciones civiles han considerado esta decisión como una muestra de que los contrapesos institucionales funcionan, mientras que el INE ha asegurado que cumplirá con la revisión en los plazos establecidos y de acuerdo con la ley.
El director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, criticó la falta de rigor de los comités de evaluación al revisar los perfiles de los aspirantes, advirtiendo que ningún candidato debería representar un riesgo para la impartición de justicia.
Espinosa instó a las autoridades electorales a investigar y corregir las omisiones detectadas antes de que concluyan los plazos legales.
El INE ha habilitado un espacio para recibir notificaciones y datos sobre posibles irregularidades en los perfiles de los candidatos, aunque todavía no los clasifica como denuncias formales
Un grupo de trabajo ya está encargado de revisar esta información y decidir los pasos a seguir. La decisión final del consejo general sobre la validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría deberá emitirse antes del 15 de junio, dos semanas después de la jornada electoral.
