A raíz del anuncio emitido a inicios de este año por parte del Gobierno de Michoacán, se ha generado una fuerte polémica entre la ciudadanía, luego de que se diera a conocer que ya no se recibirán pagos en efectivo para diversos trámites como impuestos, refrendos, derechos vehiculares y otros servicios.
La nueva disposición establece que el pago será obligatorio mediante tarjeta de crédito o débito, así como por transferencias electrónicas, eliminando la opción del efectivo en la mayoría de las oficinas recaudadoras del estado. La medida, según argumentaron autoridades estatales, tiene como objetivo garantizar mayor transparencia, reducir riesgos de corrupción y facilitar la trazabilidad de los recursos públicos.
Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos los sectores, especialmente por quienes no tienen acceso a servicios bancarios, como personas adultas mayores, habitantes de comunidades rurales y pequeños comerciantes, según lo señalado por el propio administrador de rentas en La Piedad, Jorge Eliot Shember, para muchos ciudadanos, la exclusión del efectivo representa una barrera importante, tanto tecnológica como económica, al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales.
El gobierno estatal ha precisado que existirán excepciones a esta regla, particularmente en municipios donde no haya instituciones bancarias cercanas, permitiendo el uso de efectivo en esos casos específicos. No obstante, en zonas urbanas y con presencia bancaria, la nueva normativa ya está siendo aplicada. Organizaciones civiles y algunos representantes locales han solicitado al gobierno reconsiderar o flexibilizar esta medida, al menos durante un periodo de adaptación, o establecer mecanismos que aseguren la inclusión financiera de los sectores más vulnerables. Mientras tanto, las autoridades reiteran que esta modernización en los procesos de pago busca seguir una tendencia nacional hacia la digitalización de los servicios públicos y la consolidación de sistemas financieros más eficientes y seguros.
