Agua como derecho humano: así cambia la nueva ley

México dio un paso decisivo al publicar el decreto que crea la Ley General de Aguas, un ordenamiento que redefine la relación del Estado y la ciudadanía con el recurso hídrico

Aunque se trata de una nueva ley, su contenido no parte de cero: reorganiza principios, actualiza conceptos, depura lo que ya no funciona y coloca al derecho humano al agua como núcleo de toda la política hídrica del país.

La nueva Ley conserva pilares esenciales del sistema hídrico mexicano, pero los acomoda en un marco más moderno.

Se mantiene, por ejemplo, que el agua es propiedad de la Nación y que su administración corresponde a la Federación, sobre todo a través de la Conagua, que continúa siendo la autoridad hídrica central. También permanecen figuras como las concesiones, asignaciones y permisos de descarga, necesarias para regular el uso del recurso.

Igualmente, el Programa Nacional Hídrico sigue existiendo como guía del sector, aunque ahora articulado con una nueva Estrategia Nacional Hídrica de largo plazo

Lo que cambia: un giro hacia los derechos humanos, la equidad y la sustentabilidad

La transformación más profunda está en el enfoque. La Ley anterior ya reconocía ciertos principios, pero ahora el derecho humano al agua se vuelve el eje rector. Esto implica que autoridades de los tres órdenes de gobierno deben garantizar agua suficiente, salubre y físicamente accesible para todas las personas, sin discriminación.

Uno de los cambios más relevantes es que queda prohibido suspender totalmente el servicio por falta de pago; en situaciones de adeudo, las autoridades deberán mantener al menos un volumen mínimo para cubrir necesidades básicas.

También surgen nuevas líneas y conceptos que antes no existían o estaban dispersos, como:

• Equidad intergeneracional, que obliga a cuidar el agua pensando en las generaciones futuras.

• In dubio pro aqua, es decir, decidir siempre a favor de la protección del recurso.

• Soluciones basadas en la naturaleza, que impulsan restaurar ecosistemas y aprovechar procesos naturales.

• Seguridad hídrica, un concepto ampliado que integra calidad, disponibilidad, riesgos ambientales y resiliencia.

Además, se fortalece la participación social. Los sistemas comunitarios ?particularmente indígenas y afromexicanos? ahora están reconocidos por ley como mecanismos legítimos de gestión del agua sin fines de lucro. Igualmente, la política hídrica deberá incorporar transversalmente perspectiva de género, interculturalidad y discapacidad.

Otro cambio relevante es el impulso a la captación de agua de lluvia, que deja de ser una práctica opcional para convertirse en un eje de política pública. Estados y municipios deberán promover sistemas pluviales en viviendas y construcciones, considerando las características de cada región

Lo que se elimina y depura del marco anterior

El decreto no sólo crea una nueva ley: también deroga, modifica o fusiona decenas de artículos de la Ley de Aguas Nacionales. Esto responde a tres necesidades principales.

Primero, eliminar disposiciones desactualizadas que ya no reflejan las prácticas modernas de gestión. Segundo, retirar artículos que priorizaban el aprovechamiento económico o la operación administrativa por encima del derecho humano al agua. Y tercero, recortar duplicidades: muchos apartados repetían conceptos, procesos o atribuciones que ahora se simplifican en una estructura más clara.

Incluso capítulos completos desaparecen del ordenamiento previo, ya sea porque la nueva Ley los integra de forma más amplia o porque se sustituyen por mecanismos más eficaces.

La depuración permite que la gestión hídrica se vuelva más coherente, entendible y orientada al bienestar social

La Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 12 de diciembre, y obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación en un plazo de 180 días. Esto incluye ajustar leyes estatales de agua, reglamentos municipales y reglas de operación de los organismos operadores, que ahora deben trabajar bajo un estándar más alto de derechos humanos y transparencia.