Un informe reciente de la organización Human Rights Watch, junto con otras como Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, denuncia un incremento significativo del 111% en las detenciones de migrantes en Florida durante los primeros seis meses del regreso de Donald Trump a la presidencia, marcada desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025.
HRW sitúa este fenómeno dentro de una estrategia de represión migratoria intensificada bajo la nueva administración. Florida se ha convertido en uno de los estados con mayor actividad en materia de detenciones y deportaciones.
Hallazgos del informe
Violaciones graves de derechos humanos
Se documentan al menos dos muertes bajo custodia por presunta negligencia médica, así como detenciones de mujeres en instalaciones masculinas sin servicios adecuados.
Además, el hacinamiento alcanzó tal grado que en el centro Krome se retuvo a migrantes en autobuses más de 24 horas sin condiciones mínimas básicas.
Uso discrecional de las detenciones como herramienta disuasoria
Las organizaciones denunciantes acusan al gobierno de emplear esas prácticas para generar miedo y desincentivar la migración irregular.
Respuesta oficial
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechaza las acusaciones, defiende los estándares de operación en los centros y asegura que no se toleran abusos. Sin embargo, no ha permitido inspecciones independientes sobrias ni ha detallado los protocolos utilizados, un punto crítico para los defensores de derechos humanos.
Recomendaciones y exigencias
HRW y otras organizaciones exigen:
También como parte de la agenda ejecutiva de inmigración, la administración ha implementado políticas que niegan las audiencias de fianza a millones de personas indocumentadas, siguiendo memorandos internos del 8 de julio de 2025.
Las alarmas de derechos humanos se encienden con fuerza en Estados Unidos: un nuevo patrón represivo, testimonios desgarradores y una estrategia que ha duplicado las detenciones en un estado clave como Florida bajo la nueva administración. La presión pública y legal será decisiva para exigir transparencia, justicia y respeto a los derechos fundamentales.