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¿“DATO PROTEGIDO”? La tendencia que arde en X
Denuncia

¿“DATO PROTEGIDO”? La tendencia que arde en X

Por: Fernanda Rivera
CDMX
Fecha: 16-07-2025

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a la ciudadana Karla Estrella por ejercer presunta violencia política contra una diputada a través de una publicación en la red social X (antes Twitter), en la que señalaba a la legisladora de haber interferido en decisiones internas de Morena, lo que fue considerado un acto de discriminación con base en estereotipos de género.


Como parte de la sentencia SRE-PSC-94/2024, Karla debe mantener fijada en su cuenta de X una disculpa pública y un extracto de la resolución del Tribunal durante 30 días, contados a partir del 12 de julio.


En los textos, protegidos parcialmente por cuestiones legales, se reconoce que el mensaje difundido en redes fue "cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga", lo que afectó los derechos político-electorales de la diputada.



Además de las publicaciones obligatorias, el Tribunal impuso una multa de 10 UMAS, equivalente a 1,085 pesos, y ordenó que la ciudadana tome un curso sobre perspectiva de género, consulte bibliografía especializada y permanezca inscrita durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.


En su publicación original de 2024, Karla Estrella habría denunciado un presunto caso de nepotismo dentro de Morena, sin mencionar directamente a la diputada. Sin embargo, la afectada procedió legalmente, y el Tribunal concluyó que sí se configuró violencia política contra las mujeres en razón de género.



La medida ha generado amplio debate en redes sociales. Mientras algunos defienden la resolución como un paso necesario para erradicar la violencia simbólica y digital contra las mujeres, otros la consideran un acto de censura y abuso de poder que vulnera el derecho a la libertad de expresión en internet.


Miles de usuarios han expresado su apoyo a Karla, al considerar que su mensaje se inscribía dentro del debate político y no constituía una agresión directa.


No obstante, el caso plantea nuevas preguntas sobre los límites de las opiniones ciudadanas en redes y el papel de las instituciones electorales para proteger a las figuras públicas sin afectar la crítica ciudadana.


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