Desazolve de ríos deja al descubierto aportes clandestinos de drenaje
Los ríos y arroyos desde tiempos ancestrales han sido utilizados por los seres vivos como fuente principal de su alimentación, para el cuidado de higiene, o simplemente como un espacio de recreo, sin embargo, todo esto se ha ido transformando para mal, y en los últimos años los estragos son palpables, con la reducción en la producción del hídrico.
Y es que es contradictorio porque estamos actuando al revés, no puede ser que los nómadas con menor coeficiente intelectual cuidaban mejor sus recursos naturales, mientras que nosotros en cambio, aún siendo la especie en la tierra con mayor comprensión, nos dedicamos a atacar la naturaleza, como si fuera nuestro enemigo.
En la actualidad la contaminación de los espejos de agua es considerable y representa serios daños, en Guerrero, organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2019 impusieron recomendaciones y sanciones a gobiernos municipales por malas prácticas y por no garantizar el derecho a un ambiente sano y al saneamiento del agua, esto, en el río "Atoyac" que comparten las localidades Atoyac de Álvarez y San Jerónimo de Juarez, perteneciente a la Costa Grande.
Fueron señaladas: falta de medidas de vigilancia que han permitido el desarrollo de prácticas pecuarias y cambios de uso de suelo no controlados en la región lo que, más allá de implicar únicamente infracciones al marco normativo, supone incumplimiento a la obligación por las autoridades competentes de asegurar el equilibrio ecológico.
Petatlán no está lejos de poder estar en la misma situación, recientemente, con el desazolve de las arterias pluviales de cara a la temporada de lluvias fueron detectadas alrededor de 20 conexiones clandestinas de drenaje sólo en el Arroyo del Mesón que desemboca al Río Petatlán; estas fueron registradas en las últimas cuatros semanas.
Según la Ley al Servicio de la Naturaleza de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), se establecen penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 a 3 mil salarios a quien ilícitamente descargue, deposite, infiltre, autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal.
Y es que si bien es cierto el primer paso es detectar las descargas, es necesario poder establecer sanciones apremiantes para que los habitantes no lleven a cabo estas prácticas, las cuales seguramente creén que no les repercute, sin darse cuenta que esto va más allá de lo que pueda ocurrir en el presente, el daño será muy serio para futuras generaciones y lo mejor es no esperar a que pase, ni siquiera imaginarlo.