Perú mantiene ruptura con México y cuestiona asilo político

El otorgamiento de asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez por parte del Gobierno de México marcó un punto de quiebre en la ya deteriorada relación entre ambos países

Así lo afirmó este miércoles el canciller peruano, Hugo de Zela, quien señaló que este episodio fue "la gota que colmó el vaso" dentro de una serie de gestos que Lima considera hostiles desde 2022.

Chávez -quien fue condenada este año a 11 años y 5 meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo- permanece refugiada desde noviembre en la Embajada de México en Lima.

Sin embargo, para el Gobierno peruano, este no es un caso de persecución política, sino de una figura pública con delitos comunes.

Por ello, el Ejecutivo aún no ha decidido si concederle el salvoconducto que permitiría su salida del país.

"México ha desvirtuado el asilo político", dijo De Zela. "No entendemos la voluntad de dañar una relación que siempre fue buena"

El quiebre diplomático y un conflicto que viene de atrás

Perú sostiene que la ruptura de relaciones con México no responde solo al caso de Chávez. Según De Zela, desde diciembre de 2022 -coincidiendo con la salida de Castillo y el ascenso de Dina Boluarte- el Gobierno mexicano habría tomado posiciones sistemáticas en contra del Ejecutivo peruano.

"No hemos visto ninguna voluntad, en tres años, de mantener una relación normal", criticó el canciller.

En paralelo, el Gobierno peruano ha llevado el tema a la Organización de Estados Americanos (OEA). Su propuesta: actualizar la figura del asilo regulada por la Convención de Caracas de 1954, argumentando que se usa cada vez más para proteger a políticos acusados de delitos comunes.

De Zela señaló que México y Colombia rechazaron discutir el tema, pero que otros países mostraron disposición a revisar los alcances de la figura.

Antes de conceder o negar el salvoconducto a Chávez, Perú espera escuchar las reacciones de la región y avanzar con la presentación formal del caso ante la OEA. Una decisión final podría tomarse después de diciembre.

Mientras tanto, la ex primera ministra continúa dentro de la sede diplomática mexicana sin autorización para salir del país. Su situación se ha convertido en uno de los puntos centrales de la tensión entre ambos gobiernos y en un debate regional sobre los límites -y abusos- del asilo político