En México, los enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos, así como los cateos ilegales, extorsiones o rescates fallidos, dejan no sólo víctimas directas, sino también daños materiales en viviendas, negocios y vehículos. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿quién cubre esos gastos?
Según la Ley General de Víctimas, el Estado debe reparar los daños causados por autoridades en operativos, mediante compensación, apoyo psicológico o reconstrucción, con la CEAV como intermediaria. Sin embargo, en la práctica los trámites son lentos y limitados, dejando a las familias en incertidumbre y con gastos. En cambio, cuando la violencia proviene del crimen organizado, las víctimas asumen casi todo el costo, ya que pocas aseguradoras cubren daños por actos criminales o de terrorismo.
El dilema entre la obligación legal y la práctica cotidiana deja a los ciudadanos en una situación de desamparo. Mientras tanto, la violencia y los operativos fallidos siguen generando facturas que pocos saben quién pagará.