El reciente caso de la Abuela Carlota,una mujer detenida por disparar contra dos hombres que presuntamente invadieron la vivienda de su hija en el poblado de Tlapala, municipio de Chalco, ha reactivado la discusión sobre el grave problema de los despojos y las invasiones en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos.
Edoardo Gurgo Salice, abogado litigante, advirtió que la escasez de viviendas asequibles ha generado un repunte en los casos de despojo. Señaló que en colonias populares, donde el valor de los inmuebles oscila entre uno y dos millones de pesos, es común que personas se introduzcan ilegalmente en propiedades deshabitadas.
"En Los Cabos se está dando muchísimo por la necesidad de vivienda... hay un grave problema de desabasto. La gente busca casas de un millón, millón y medio, y en esas zonas es donde más se están presentando estas situaciones", apuntó .
El jurista denunció que incluso hay abogados que asesoran y respaldan este tipo de actos ilegales, aprovechando los vacíos legales y la lentitud del sistema judicial. Aunque el artículo 247 del Código Penal del Estado establece penas de hasta siete años de prisión por el delito de despojo, recuperar una propiedad por la vía legal puede tardar hasta nueve meses o más.
"Entre la integración de la carpeta, que vaya al tribunal, que le den fecha de audiencia, que se notifique? hay todo un proceso donde entra la desesperación. El propietario demuestra su legítima posesión, mientras el invasor no tiene ni contrato ni documento, y aun así, los derechos del dueño se ven vulnerados", explicó el abogado.
Planteó la necesidad de una reforma legislativa que permita al Ministerio Público ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando el propietario demuestre la legal posesión del mismo, sin tener que esperar largos procesos judiciales.
El caso de Carlota no es un hecho aislado. Refleja una problemática que se extiende por todo el estado y que afecta a cientos de familias sudcalifornianas que ven su patrimonio comprometido ante la falta de acción efectiva de las autoridades y un marco jurídico que no responde a la urgencia de los ciudadanos.
