En Baja California Sur, especialistas y organizaciones denunciaron la creciente afectación a las dunas costeras, ecosistemas esenciales para la protección ambiental y social del estado.
En rueda de prensa explicaron que, desde junio de 2025, en las dunas de San Sebastián, en Todos Santos, se han registrado desmontes y nivelaciones acompañadas de planchas de concreto para instalaciones turísticas.
Acusaron que el propietario fracciona el proyecto haciéndolo pasar como vivienda unifamiliar para evadir la manifestación de impacto ambiental y los permisos de SEMARNAT de 2005, que aseguran son inválidos.
la existencia de proyectos inmobiliarios sobre estos ecosistemas, dijeron, es mayor mientras que la autoridad ambiental "no garantiza una intervención oportuna, lo que pone en peligro playas, acuíferos y comunidades", señalaron los especialistas.
En México, 17 estados cuentan con dunas costeras; Baja California Sur se encuentra entre los principales, concentrando el 27.4% de la mayor extensión del país, equivalentes a 7.2 millones de hectáreas, de acuerdo con INEGI. La presión humana sobre estas dunas es preocupante: en Cerritos-Pescadero, el 80% está afectada, mientras que en Todos Santos el impacto alcanza el 8%, según la Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial.
Antonina Ivanova, investigadora de la UABCS, explicó que las multas por el momento son muy bajas para ciertos empresarios.
"Inclusive el anterior secretario de SEMARNAT me comentaba que llegaba el secretario a decir ?aquí está tu multa?, aunque sabes que mañana voy a volver a construir. Si existe buena ley en México, pero no existe el buen cumplimiento de la ley". manifestó
Las dunas están protegidas por el Programa de Desarrollo Urbano y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), que permite suspender de inmediato obras que dañen ecosistemas mientras se evalúa el proyecto. Sin embargo, la falta de coordinación efectiva permite que las empresas inmobiliarias continúen afectando estas zonas.
Por ello, colectivos y asociaciones civiles solicitan la creación de una mesa de coordinación integrada por los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y ciudadanía, para vigilar el cumplimiento de la ley y proteger esta primera línea de defensa costera.