La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur informó que la audiencia de Rosalba N., exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), fue ampliada para el 7 de mayo del presente año.
El caso contra Rosalba N., quien estuvo al frente del INVI hasta septiembre de 2021, llegó a su sentencia condenatoria luego de que el Ministerio Público demostrara que la exfuncionaria tramitó, autorizó y cobró ilegalmente una autoliquidación de casi 2 millones de pesos, mediante documentos firmados por ella misma. Las pruebas presentadas durante el proceso incluyeron la orden de pago, la transferencia bancaria y la solicitud de liquidación, todas firmadas por la exdirectora, lo que permitió al tribunal determinar su culpabilidad sin lugar a dudas.
Aunque la audiencia estaba programada para este martes 6 de mayo, el fiscal anticorrupción Lenin Ortiz informó que, tras el desahogo de pruebas y testimonios, la audiencia continuará mañana, miércoles 7 de mayo, a las 10:00 a.m.
Este juicio es el primero en la historia de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur que concluye con una condena contra una exservidora pública. Antonio López Rodríguez, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), destacó que la exfuncionaria fue acusada por el uso ilícito de atribuciones, y que el tribunal ya dictó un fallo condenatorio, confirmando su responsabilidad en los delitos imputados.
"Esta exfuncionaria estaba sujeta a un proceso penal por el uso de atribuciones ilícitas. El proceso penal se desarrolló, y el juez ya dictó un fallo condenatorio, lo que significa que es responsable de los hechos delictivos que le atribuyó el Ministerio Público", señaló López Rodríguez.
A pesar de que la sentencia condenatoria ya fue emitida, el caso aún no ha llegado a su conclusión definitiva. En la audiencia del 7 de mayo se determinará la penalidad, que podría incluir una pena de prisión, así como el monto de la indemnización que Rosalba N. deberá cubrir por el perjuicio causado al erario público.
El delito por el que fue condenada está tipificado en el artículo 280, fracción V, del Código Penal de Baja California Sur, que establece penas de 2 a 10 años de prisión, además de una multa económica.
La Fiscalía Anticorrupción destacó que el avance de este caso ha sido posible en gran parte por el hecho de que Rosalba N. no contaba con fuero constitucional, lo que permitió que la investigación y el juicio se desarrollaran sin limitantes legales.