Aprueban reforma que otorga al gobernador facultades sobre uso de suelo

Pese a la oposición del Colegio de Arquitectos de La Paz y de organizaciones ciudadanas, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano presentada por el gobernador Víctor Castro Cosío, la cual permitirá al Ejecutivo declarar y definir polígonos de desarrollo o aprovechamiento prioritario y estratégico en todo el territorio estatal.

Con esta modificación, el gobernador podrá identificar zonas consideradas de interés público para destinarlas a proyectos de vivienda social, infraestructura o desarrollo urbano, incluso por encima de los planes municipales de uso de suelo. Según la exposición de motivos, la medida busca atender el déficit de vivienda asequible y regularizar asentamientos urbanos en zonas estratégicas del estado.

Sin embargo, colegios y organizaciones civiles advierten que la reforma centraliza el poder en el Ejecutivo estatal, debilita la autonomía municipal y abre la puerta a decisiones discrecionales bajo el argumento de desarrollo prioritario.

Desde las 11 de la mañana, un grupo numeroso de ciudadanos y representantes del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur se manifestó en el Congreso local con pancartas, exigiendo a las y los diputados retirar la iniciativa del orden del día. Argumentaron que no fue socializada y que su aprobación implicaría riesgos ambientales y urbanos.

Tras exigir un diálogo, los legisladores decretaron un receso y recibieron a una comisión de manifestantes que expuso su rechazo. A pesar de los argumentos ciudadanos, el Pleno procedió con la lectura y aprobó la reforma por mayoría.

El Colegio de Arquitectos advirtió que la reforma podría propiciar un crecimiento urbano desordenado, con más viviendas carentes de servicios básicos, sin áreas verdes ni equipamiento público suficiente.

Señalaron que, al centralizar las decisiones en el Ejecutivo estatal, los municipios perderán facultades sobre sus propios planes de desarrollo urbano, lo que vulnera su autonomía constitucional.

Asimismo, destacaron que las modificaciones limitan la participación ciudadana en los procesos de planeación y consulta sobre el desarrollo urbano, contraviniendo lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano.

Advirtieron además que la iniciativa no establece una temporalidad definida para la vigencia de los programas de vivienda que se generen a partir de los llamados "polígonos de desarrollo", lo que permitiría que cualquier futuro gobernador modifique los usos de suelo de manera discrecional, poniendo en riesgo espacios verdes y áreas destinadas al equipamiento urbano.

Activistas de la organización Contener La Paz recordaron casos recientes de uso de suelo cuestionado, como el de Calafia, donde el Instituto de Vivienda estatal intervino un área verde sin consulta vecinal.

"Tenemos terrenos abandonados dentro de la ciudad que pueden aprovecharse, pero el Estado prefiere urbanizar zonas frente al mar. ¿Por qué los pobres no pueden vivir ahí?", cuestionó Mariana Orozco, integrante del colectivo.

La iniciativa aprobada modifica diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano para incorporar la figura de los polígonos de desarrollo o aprovechamiento prioritario y estratégico. Con ello, el gobernador podrá emitir declaratorias que faciliten la regularización del suelo, la dotación de infraestructura básica y la creación de zonas habitacionales de interés social, sin requerir necesariamente la autorización previa de los cabildos municipales.

De acuerdo con manifestantes, esto representa un cambio estructural en la planeación urbana del estado, trasladando decisiones que antes eran municipales al ámbito del Ejecutivo estatal, y reduciendo los mecanismos de participación ciudadana y consulta pública.