BCS registra más de 700 agresiones sexuales en 2025

Luego de que se viralizara la denuncia presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum por acoso sexual en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, el Gobierno de la República anunció una iniciativa federal y una campaña nacional para enfrentar este tipo de agresiones.

El objetivo central es que el acoso sexual sea considerado delito penal en todas las entidades federativas, acompañado de una estrategia de visibilización que reconozca esta conducta como una forma de violencia.

La propuesta también contempla simplificar y hacer más accesibles los mecanismos de denuncia, evitando procesos revictimizantes que desincentivan a las víctimas. Además, incorpora medidas de reparación del daño, como apoyo psicológico y acompañamiento legal para quienes hayan sufrido agresiones.

A pesar de que en Baja California Sur el acoso sexual ya está tipificado en el artículo 183  del Código Penal, con penas que van de 1 a 2 años de prisión y multas de 100 a 400 días, la realidad dista de lo que establece la ley. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 31 de octubre de 2025 se registraron 155 denuncias por acoso sexual en la entidad, así como otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.

Durante el mismo periodo, se reportaron 353 casos de abuso sexual, ocho de hostigamiento, 171 violaciones simples, 37 equiparadas y un caso de incesto. En conjunto, estas cifras superan las 700 agresiones sexuales en el estado, una problemática que organizaciones civiles consideran subestimada debido al alto nivel de impunidad.

Las cifras oficiales representan únicamente una fracción del problema: la cifra negra en Baja California Sur es del 85% para el total de delitos, lo que significa que solo 15 de cada 100 agresiones se denuncian. En delitos sexuales contra niñas y niños, la situación es aún más crítica: por cada caso reportado, se estima que entre 50 y 100 no llegan al Ministerio Público, lo que refleja una impunidad superior al 99%.

Organizaciones como Cómo Vamos La Paz advierten que esta falta de denuncias está vinculada con los obstáculos institucionales, desde la negativa de las autoridades para aceptar una denuncia hasta las dificultades para abrir y dar seguimiento a una carpeta de investigación.

"Primero las autoridades te tienen que aceptar la denuncia. Luego se abre el proceso de investigación. Para llegar a una apertura de carpeta y una solución real es bien difícil", señaló Yuma Pérez Cuevas, del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz.

Por su parte, Nancy Angélica Canjura Luna, vocera de Causa en Común, subrayó que legislar no basta si las instituciones no funcionan como deberían. Advirtió que la creación de leyes debe acompañarse de acciones reales y efectivas: "Las leyes que no se aplican no sirven para nada", sostuvo.

Colectivos y asociaciones coinciden en que tipificar el acoso sexual como delito penal es un avance necesario; sin embargo, recalcan que su impacto dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar justicia, atención oportuna y protección real a las víctimas en todo el país.