Una amenaza digital paralizó los sistemas administrativos de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur y provocó el retraso en la entrega de la Cuenta Pública 2024; ante esta situación, el Congreso del Estado, a través de la diputada local Teresita Valentín Velázquez, amplió el plazo de entrega por 30 días.
La dependencia aclaró posteriormente que no hubo pérdida de información financiera ni daño económico gracias a sus respaldos físicos y contables, y actualmente trabaja en la recaptura de datos para cumplir con el nuevo plazo.
El incidente se identificó como un ataque con ransomware, un tipo de software malicioso (malware) que restringe el acceso a los sistemas o archivos de una institución y exige el pago de un "rescate" ,usualmente en criptomonedas como bitcoin,a cambio de restablecerlos. Sobre esto, Julio César Orozco, delegado de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, explicó que se trata de uno de los escenarios más temidos en el ámbito de la ciberseguridad, pues quienes no logran pagar pueden perder por completo su información:
"Fue lo más temido en el área de sistemas de seguridad e informática. Te hackean totalmente y te exigen pagos en criptomonedas. Lamentablemente, si no accedes, puedes perder toda tu información."
Aunque especialistas consideran extraño que un sistema blindado haya sido vulnerado, recordaron que no sería la primera vez que un ransomware pone en jaque a instituciones públicas o empresas; de hecho, un estudio de la desarrolladora Avast en 2022 colocó a Baja California Sur como el segundo estado más vulnerable del país ante ciberamenazas, con un 33.21% de riesgo frente al 23% nacional y 15.10% mundial.
La subsecretaría de Seguridad Pública, Gabriela Cisneros, declaró que no es cosa sencilla hackear el sistema de una institución donde se manejen recursos públicos, ya que cada una de ellas está obligada a mantener sus sistemas actualizados y protegidos con el fin de garantizar la seguridad informática de su área.