Caso de niño armado reaviva debate sobre seguridad y protocolo escolar

El pasado 28 de octubre, un niño de 7 años ingresó con un arma de fuego calibre .22 mm en su mochila a la escuela primaria Francisco González Bocanegra, en La Paz. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Tras lo ocurrido, padres de familia y la sociedad en general han cuestionado los protocolos de seguridad escolar, mientras que autoridades educativas recordaron que el programa "Escuela Segura" contempla medidas para responder ante este tipo de situaciones.

De acuerdo con Alma Cecilia Silva, coordinadora estatal del programa, el protocolo establece informar al 911, levantar un acta de hechos, y notificar a las familias para ofrecer seguimiento psicológico y preventivo.

Desde 2015, se han registrado cinco casos de estudiantes con posesión de armas, navajas o narcóticos en planteles educativos de Baja California Sur. "Sí se han encontrado armas, navajas, cutters que no se usan para actividades escolares. Todo se notifica al director y se canaliza a las instancias correspondientes", señaló Silva.

Por su parte, Óscar Montaño, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Educación Básica, pidió reconsiderar la implementación del Operativo Mochila en las escuelas, al considerar que ayudaría a prevenir situaciones de riesgo. "Hace unos años tuvimos un caso parecido y se implementó la Operación Mochila, pero hubo resistencia de algunos padres", comentó.

El Operativo Mochila dejó de aplicarse en 2021, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declarara inconstitucional, argumentando que vulnera los derechos a la privacidad e integridad de niñas, niños y adolescentes.

Aun así, Silva subrayó que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida entre escuela y familia. "Es importante que los padres revisen las mochilas y hablen con sus hijos sobre los riesgos. En la escuela reciben enseñanza, pero la formación inicia en casa", destacó.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites entre la seguridad y los derechos de los menores, mientras las autoridades llaman a reforzar la comunicación familiar y los padres insisten en mayores controles dentro de los planteles.