Castro Cosío niega inconstitucionalidad en reforma urbana y defiende protección del territorio

Ante el rechazo de diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana a la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano aprobada por el Congreso del Estado, misma que faculta al Ejecutivo a declarar y definir polígonos de desarrollo o aprovechamiento prioritario y estratégico en todo el territorio estatal, el gobernador Víctor Castro Cosío negó que la medida incurra en algún tipo de inconstitucionalidad.

Castro Cosío aseguró que la modificación legal tiene como propósito atender las necesidades de los sectores más vulnerables para que tengan acceso a una vivienda digna, rechazó que se trate de un instrumento para favorecer proyectos inmobiliarios que afecten al medio ambiente.

"Nosotros no impulsamos ninguna inconstitucionalidad. Lo que sí queremos desmentir es a quienes dicen que el gobierno del Estado tiene la capacidad de vender dunas o zonas costeras. Lo que estamos impulsando es que podamos desarrollar viviendas para quienes menos tienen, en lugares donde el plan de desarrollo lo permite", declaró.

El mandatario insistió en que su administración se mantendrá firme en la defensa del territorio y que no permitirá la entrada de proyectos inmobiliarios que prioricen intereses económicos por encima de la naturaleza de Baja California Sur.

La reforma fue aprobada el 4 de noviembre y, hasta el momento, no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur advirtió que la modificación podría propiciar un crecimiento urbano desordenado, con viviendas sin servicios básicos, sin áreas verdes y sin el equipamiento público necesario. Además, señalaron que centralizar las decisiones en el Ejecutivo restaría facultades a los municipios sobre sus propios planes de desarrollo urbano, vulnerando así su autonomía constitucional.

Activistas también han solicitado que se modifique el Artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano, con el fin de garantizar la participación ciudadana en los procesos de planeación y consulta relacionados con el desarrollo urbano del estado.