La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDH), Charlene Ramos Hernández, anunció que solicitará un control judicial ante lo que considera omisiones de las autoridades responsables de investigar las denuncias presentadas por el organismo, en medio de las diferencias con la Auditoría Superior del Estado por las observaciones a su cuenta pública 2024.
La funcionaria cuestionó los criterios utilizados durante la fiscalización y sostuvo que la Auditoría Superior estaría exigiendo requisitos que, desde su perspectiva, no están establecidos en las disposiciones legales y normativas aplicables.
La cuenta pública 2024 de la CEDH no fue aprobada por el Congreso de Baja California Sur y mantiene observaciones pendientes de solventar por aproximadamente 2 millones 30 mil pesos, relacionadas principalmente con adquisiciones, compensaciones y documentación administrativa.

Charlene Ramos señala presuntas presiones contra la CEDH
Ramos Hernández consideró que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior podrían estar relacionadas con otros intereses y representar un mecanismo de presión contra la autonomía del organismo.
La presidenta de la Comisión vinculó estas diferencias con los acontecimientos de violencia que, aseguró, enfrentó la institución durante 2024, periodo al que corresponden las observaciones de la cuenta pública.
"Es muy lamentable esta situación que se está dando y que obviamente obedece a otro tipo de intereses y otro tipo de circunstancias", declaró.
La funcionaria sostuvo que los hechos de violencia a los que hace referencia están documentados mediante videos y otras evidencias, y recordó que ocurrieron durante el mismo ejercicio fiscal que actualmente está bajo revisión.
CEDH busca defender su autonomía institucional
La titular de la Comisión reiteró que continuará defendiendo la independencia del organismo y cuestionó que los resultados de la fiscalización puedan utilizarse para afectar su funcionamiento.
Como parte de su postura, anunció que recurrirá al control judicial ante las omisiones que atribuye a las autoridades encargadas de investigar las denuncias presentadas por la CEDH.
Hasta el momento, las observaciones de la Auditoría Superior del Estado permanecen como parte del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2024, mientras que la presidenta del organismo sostiene que existen diferencias sobre los criterios utilizados para revisar y exigir la comprobación de los recursos.