Charlene Ramos, presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California Sur (CEDH), destacó la importancia de garantizar que la nueva ley para la atención y protección de personas con la condición del espectro autista cumpla con los estándares constitucionales y de derechos humanos.
Ramos explicó que esta legislación debe partir de un proceso de consulta previo, libre e informado a las personas directamente impactadas, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diversos criterios que ya existen sobre la materia. "El tema es generar una ley que dé condiciones, obligaciones y protecciones especiales a un grupo de atención prioritaria, en este caso las personas con espectro autista. Las autoridades no deben legislar desde lo individual, sino cumplir con la obligación de realizar un proceso de consulta que respete todos los ordenamientos", afirmó.
Recordó que la ley anterior, aprobada en 2023, fue invalidada precisamente porque no se realizó este proceso de consulta de forma adecuada, lo que representó una violación a las garantías fundamentales de las personas a quienes impactaría la norma.
La presidenta de la CEDH subrayó que, aunque existen criterios claros de cómo realizar estas consultas, no se aplicaron correctamente en la ocasión pasada, por lo que ahora se busca supervisar de forma cercana que el Congreso del Estado cumpla con cada paso. "La Suprema Corte marcó que no se aplique nada que sea dañino, pero sí mantiene vigente durante 12 meses todo lo que sea benéfico mientras se corrige. De ahí la relevancia de que este nuevo proceso se realice bajo estricta supervisión", puntualizó.
Finalmente, Ramos reiteró que desde la Comisión de Derechos Humanos se mantendrán atentos para que el procedimiento sea incluyente, transparente y efectivo, garantizando que la nueva ley responda verdaderamente a las necesidades de la comunidad autista de Baja California Sur.