La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur solicitó al Congreso del Estado el retiro del fuero constitucional de dos funcionarios en activo para ser investigados por presuntos actos de corrupción. Los implicados son la diputada del Partido del Trabajo (PT) Alondra Torres García y el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal, Ariel Castro.
Al respecto el Oficial Mayor del Congreso, Adrián Chávez Ruiz, confirmó que la solicitud de declaración de procedencia ingresó el pasado viernes y fue ratificada este lunes por la Fiscalía Anticorrupción. Explicó que, a partir de este momento, la presidenta de la Mesa Directiva debe turnar el caso a la Comisión de Puntos Constitucionales, que a su vez notificará a la Junta de Gobierno para conformar la Comisión Instructora encargada de analizar el caso y dictaminar sobre el retiro de la inmunidad procesal.
La presidenta de la Mesa Directiva, Arlene Moreno Maciel, aseguró que el procedimiento se llevará a cabo con transparencia y sin demoras. Informó que el tema será incluido en el orden del día del próximo jueves. Sin embargo, a título personal, expresó que no ve necesaria una medida como el desafuero.
"Yo en lo personal no veo necesidad de algo tan grande como un desafuero, esa es mi opinión personal como diputada y no como presidenta", declaró.
Pese a ello, reiteró su compromiso de apegarse a la legalidad: "Le voy a dar proceso con prontitud, con transparencia, lo voy a pasar a la comisión correspondiente y le voy a dar trámite, no voy a hacerme de la vista gorda".
La diputada Alondra Torres manifestó que enfrentará las acusaciones con la frente en alto y aseguró que desconoce los detalles de los señalamientos en su contra, pero confía en que se respetará el debido proceso.
"Voy con la frente en alto, como siempre, y vamos a ver qué dice la historia. Ahorita hay que ser respetuosos, yo también voy a ser respetuosa del proceso, pero créanme que al final de la historia también haré varias aclaraciones respecto a lo que se menciona", expresó.
La Fiscalía Anticorrupción busca el desafuero de los implicados para proceder penalmente por los delitos de simulación y abuso de autoridad. La investigación se centra en un pago indebido de 14 millones 170 mil 560 pesos a una empresa que no gestionó el préstamo pactado. Dicho delito está tipificado y sancionado por el artículo 276 del Código Penal del Estado y tiene una prescripción de diez años.
El caso sigue en desarrollo y en los próximos días se definirá si procede el desafuero de los servidores públicos implicados.
