Congreso del estado de BCS rechaza cuentas públicas de 7 entes

El Congreso del Estado de Baja California Sur rechazó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023 de varios municipios y dependencias, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASEBCS) detectara diversas irregularidades.

Entre los entes cuyas cuentas no fueron aprobadas destacan el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) de La Paz, Los Cabos y Loreto, la Universidad Tecnológica de La Paz (UTP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La diputada Guadalupe Saldaña subrayó la importancia de que la Comisión responsable explique por qué persisten estas irregularidades. Señaló que algunas cuentas se presentan tarde, dos o tres meses después de lo establecido, y que no se solventan los errores identificados por la auditoría, lo que complica la evaluación y el seguimiento de los recursos públicos.

"Sería bueno también, a través de la Comisión que presenta este dictamen, que nos puedan explicar qué pasa, por qué no solventan, por qué entregan tarde las cuentas públicas. Ese es otro de los puntos que la auditoría evalúa", comentó Saldaña.

De los 74 entes obligados a presentar cuentas, hasta finales de septiembre se habían revisado únicamente 10, de los cuales siete no fueron aprobadas. Sergio Villarreal, integrante del Comité Ciudadano Anticorrupción, destacó que la constante entre las cuentas no aprobadas es la reincidencia de incumplimiento, es decir, que los mismos entes han tenido problemas en auditorías anteriores, no presentan las cuentas a tiempo, cometen errores y no justifican adecuadamente los gastos.

"Hasta esta fecha, de las 10 cuentas revisadas, siete no han sido aprobadas. Son reincidentes y algunos multireincidentes. Esto implica que deberán enfrentarse a posibles denuncias administrativas o penales, incluso procedimientos de restitución del daño patrimonial", explicó Villarreal.

Los principales motivos de rechazo reportados por la ASEBCS incluyen reincidencia en irregularidades, omisiones o deficiencias en la presentación de cuentas, falta de justificación de gastos e impacto patrimonial no aclarado. El Comité Ciudadano Anticorrupción enfatizó que la no aprobación de las cuentas públicas no exime a los responsables de sanciones administrativas, civiles o penales, por lo que los funcionarios podrían enfrentar procedimientos legales si no se justifican correctamente los recursos públicos.