El Congreso del Estado de Baja California Sur detectó más de 4 mil 629 millones de pesos sin solventar en la revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2023, de acuerdo con el informe presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE). De las 29 instituciones fiscalizadas, 19 reprobaron su cuenta pública, mientras que solo 10 obtuvieron aprobación, algunas con salvedades.
Entre los resultados más destacados, el municipio de Los Cabos concentró la mayor cantidad de observaciones, con 2 mil 152 millones de pesos sin aclarar, lo que representa el 82 por ciento del total detectado. En contraste, el Ayuntamiento de La Paz logró aprobar sus cuentas públicas con salvedades, según se informó durante la sesión legislativa.
La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, integrante de la bancada de Morena, reconoció que los resultados reflejan avances en los mecanismos de control y transparencia, aunque subrayó que aún existen áreas de oportunidad.
"La revisión de las cuentas públicas del estado nos permite constatar los avances, como las áreas de oportunidad. Es importante destacar que la transparencia en el manejo de recursos no solo se muestra en ausencia de observaciones, sino también por la voluntad institucional de corregir los procesos administrativos que garanticen eficiencia, legalidad y eficacia", expresó la legisladora.
Además de los municipios, los organismos operadores de agua potable figuran entre los entes con más irregularidades. El OOMSAPAS La Paz registró 375 millones de pesos sin justificar, mientras que el OOMSAPAS Los Cabos tuvo 286 millones pendientes de aclarar, ambos por inconsistencias en ingresos, egresos y obra pública.
Otros organismos reprobados fueron el Instituto de Vivienda del Estado, con un subejercicio de más de 104 millones de pesos, así como el Instituto Sudcaliforniano del Deporte y el Instituto de Cultura de Los Cabos.
Aunque el Gobierno del Estado obtuvo aprobación con salvedades, se detectaron observaciones por 230 millones de pesos y un subejercicio superior a mil millones, de acuerdo con diputadas de oposición.
Sin embargo, ninguna de las instituciones auditadas presentó denuncias penales por faltantes de dinero ni procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa por negligencia, lo que fue señalado como una omisión recurrente.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Villarroel González, recordó que la rendición de cuentas debe incluir acciones legales cuando se detecten irregularidades.
"La presentación de la cuenta pública integra en qué se gastó el dinero en todo el año, pero también otros rubros, como cuántas denuncias penales se presentaron por faltantes. Ninguno lo hizo. Tampoco hubo denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de servidores públicos omisos o negligentes en la administración de los recursos", explicó.
Año con año, las revisiones de las cuentas públicas en Baja California Sur dejan al descubierto montos millonarios sin solventar y pocos resultados en materia de sanciones, una constante que mantiene bajo escrutinio el uso de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.