Los adolescentes en México, de entre 12 y 17 años, pasan entre cinco y ocho horas al día en un celular. A nivel mundial, 79 países ya han prohibido su uso dentro de los planteles, según datos de la UNESCO.
En la Escuela Secundaria Técnica No. 13 Alberto Andrés Alvarado Arámburo, en la ciudad de La Paz, se estableció este ciclo escolar la restricción total de celulares para la comunidad estudiantil..
Celia Romero, directora del plantel, explicó que la medida busca proteger a los estudiantes, mejorar el ambiente de aprendizaje y evitar la dependencia del dispositivo durante las actividades académicas. "No puede traerlo en su mochila, incluso hasta en la bolsa de su pantalón? si ese celular se saca en algún momento en el ámbito de la escuela, ahí sí se le recoge el celular".
La directora agregó que los docentes dejaron de utilizar el celular para impartir clases: "Ya no están usando nuestros maestros el celular para ninguna clase? si se va a requerir información, la traen de casa".
En México, estados como Querétaro avanzan en legislaciones más estrictas. El Congreso aprobó la Ley Kuri, que restringe el uso de celulares en escuelas y el acceso a plataformas digitales para menores de 14 años, con el objetivo de prevenir delitos como grooming, sexting, así como mejorar el rendimiento y comportamiento escolar.
Mientras tanto, en el Congreso de Baja California Sur, la diputada Karina Olivas presentó un exhorto a la Secretaría de Educación Pública estatal para que emita lineamientos que garanticen entornos digitales seguros.
La legisladora propuso eliminar el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles, salvo cuando sean necesarios para fines pedagógicos o situaciones de emergencia. "Que se generen estos protocolos? que los niños y las niñas puedan acudir a los planteles en un entorno libre de violencias, y que instalemos medidas de prevención dentro de las aulas".
A medida que crece la discusión sobre los riesgos digitales y su impacto en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, escuelas y legisladores en Baja California Sur coinciden en un objetivo común: garantizar un aprendizaje seguro, libre de violencia y con mejor aprovechamiento académico.