Denuncian construcción ilegal y presunto encubrimiento de funcionarios en Isla Espíritu Santo

Sale a la luz la construcción de una cabaña privada en el Complejo Insular Espíritu Santo, un Área Natural Protegida donde este tipo de obras permanentes no están permitidas.

Una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con información recabada por Meganoticias, señala presuntas faltas administrativas graves y posibles delitos ambientales relacionados con la construcción de una cabaña privada en la playa Caleta La Partida 1, dentro del Complejo Insular Espíritu Santo, Área Natural Protegida administrada por la CONANP y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Según la denuncia, la obra fue realizada sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incumpliendo el Programa de Manejo del área protegida, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Bienes Nacionales. 

Obra sobre un sitio arqueológico

Además, se sostiene que la construcción fue levantada sobre un sitio arqueológico, situación que habría sido confirmada por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante una inspección realizada el 12 de junio de 2026.

El documento también involucra a funcionarios de la CONANP, entre ellos Dilia Rebeca Meza Castro, Iram Raúl Villanueva López y Benito Bermúdez Almada, por presuntas omisiones, retraso en procedimientos administrativos, encubrimiento e intentos de justificar la obra. Asimismo, se denuncian acciones para ocultar evidencias antes de las inspecciones y demoras para notificar formalmente al INAH.

El caso cobra relevancia debido a que el Complejo Insular Espíritu Santo es uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico y cultural del país. Su Programa de Manejo únicamente permite campamentos pesqueros temporales de bajo impacto, por lo que una construcción permanente representaría un uso distinto al autorizado.

De confirmarse las irregularidades, el caso podría derivar en responsabilidades administrativas y penales por daños ambientales y arqueológicos, además de poner bajo escrutinio la actuación de las autoridades encargadas de proteger uno de los principales patrimonios naturales de México.