Disputa por predio deja sin clases a niños de El Pescadero


Un conflicto por la posesión y regularización de un predio en El Pescadero dejó sin clases a cerca de 20 niñas y niños; habitantes piden la intervención de autoridades para resolver la disputa y recuperar el espacio educativo.


Cerca de 20 niñas y niños de una comunidad de El Pescadero dejaron de recibir clases en el espacio que utilizaban como escuela rural, debido a un conflicto por la posesión y regularización de un predio que involucra a habitantes de la zona y a integrantes de la organización Colonos 8 de Octubre del Pescadero.


La comunidad, donde habitan más de 130 familias, señala que desde hace años realiza gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para regularizar sus predios. Los habitantes también señalan que integrantes de Colonos 8 de Octubre del Pescadero han realizado trámites relacionados con las tierras, sin que, según los pobladores, hayan mostrado documentos que acrediten la posesión del predio.


El conflicto ha derivado en denuncias por presunta discriminación, acoso, despojo y desalojos. De acuerdo con Armida González, vecina de la comunidad, algunas de estas investigaciones permanecen abiertas desde hace más de un año.


"Ya se hicieron denuncias por discriminación, por eh acoso, por diferentes situaciones de despojo, desalojos y y pues todo está en investigaciones, pero pues ya desde hace más de 1 año. Entonces, si bien es cierto que las investigaciones tardan, pero creo que ya 1 año para una eh cuestión de discriminación que están las pruebas al ahora sí que a la luz ahí para que solo las autoridades lleguen, pregunten y creo que es demasiado tiempo."


El conflicto por el predio alcanzó al espacio educativo


En el terreno operaba una escuela rural del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Posteriormente, la comunidad destinó parte de ese predio para instalar un salón móvil proporcionado por el Gobierno del Estado.


Los habitantes señalan que ellos mismos acondicionaron el espacio para que pudiera utilizarse por los menores. Sin embargo, posteriormente integrantes de Colonos 8 de Octubre del Pescadero intervinieron el lugar bajo el argumento de contar con un acuerdo reparatorio.


La situación provocó que los menores dejaran de recibir clases en ese espacio. Algunas familias tuvieron que inscribirlos en otras escuelas, lo que también modificó sus recorridos diarios.


Armida González explicó que algunos niños ahora deben caminar más de dos kilómetros para llegar a la escuela a la que fueron inscritos.


"Hay niños que se inscribieron inclusive en otras escuelas, tienen que caminar más de 2 km para llegar a esa escuela en lo que digamos y esperamos que pues las autoridades tomen en cuenta y y la escuela se sea reabierta como debe de ser y que ya no caigan en estas cosas."


La vecina señaló que la situación educativa forma parte de una problemática más amplia relacionada con el conflicto por el predio.


"Y también, bueno, es que son varios problemas, ¿no? Que se juntan derivado de una misma situación. Tenemos ya encima la temporada de lluvias, estos días se pronostican también lluvias muy fuertes."


Comunidad pide intervención de autoridades


Los habitantes aseguran que desde noviembre de 2025 solicitaron la intervención de las autoridades mediante un documento respaldado por 256 firmas.


El conflicto también derivó en la apertura de la carpeta de investigación TS/197/2025, iniciada por hechos registrados el 2 de julio de 2026, cuando, de acuerdo con los pobladores, ocurrieron actos de despojo y agresiones en el predio.


En la última audiencia con el procurador de Justicia, los habitantes señalan que el funcionario se comprometió a promover una mesa de análisis para buscar una solución al conflicto.


Sin embargo, los pobladores aseguran que la situación ha escalado y que se han presentado acciones que consideran un desacato a un dictamen emitido por el Juez Cívico en Todos Santos.


El conflicto mantiene en disputa el uso y la posesión del predio, mientras las familias esperan que las autoridades determinen lo que corresponda conforme a los procedimientos legales.


Además de la situación relacionada con la regularización de las tierras, la comunidad pide recuperar el espacio que era utilizado para la atención educativa de los menores y disponer de un lugar de resguardo ante una emergencia, particularmente durante la temporada de lluvias.


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