Empresas presuntamente vinculadas a grupos criminales recibieron contratos públicos en BCS

El diario El Universal reveló recientemente que una red de empresas presuntamente relacionadas con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, y sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, ha prestado servicios a universidades públicas, gobiernos estatales y dependencias del gobierno federal. Entre los estados señalados destaca Baja California Sur.

Según información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre 2018 y el primer semestre de 2025, al menos siete de estas compañías obtuvieron 630 contratos con instituciones públicas mexicanas. La mayoría de estos contratos se otorgaron por adjudicación directa y fueron destinados a la compra de materiales de laboratorio y productos químicos, por un monto total de 35.7 millones de pesos.

El informe detalla que nueve instituciones públicas, ubicadas en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur; han contratado a estas empresas proveedoras. Una de las instituciones mencionadas es la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

En el caso de Baja California Sur, los contratos se realizaron a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud estatal.

Además, el Ayuntamiento de La Paz también realizó compras a estas empresas mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS). Entre los contratos destaca uno firmado por la empresa Favelab S.A. de C.V. con el Sistema de Agua del municipio, según señaló el ingeniero Mario Gálvez, exdirector de dicho organismo.

La OFAC ha señalado que la familia Favela López presuntamente está frente de una red de compañías que suministra precursores y productos químicos al Cártel de Sinaloa, así como a empresas en Estados Unidos involucradas en la síntesis de drogas ilícitas como el fentanilo y la metanfetamina.