Aunque el Código Penal contempla la pérdida de la patria potestad en delitos como abuso sexual o violación, en la práctica el juicio penal puede tardar años en concluir.
La abogada litigante Karla González Gavarain explicó que, aunque la ley lo establece en ciertos casos, el proceso para obtener una sentencia penal definitiva puede extenderse por largo tiempo, y solo una vez dictada esta resolución, es posible tramitar la pérdida de los derechos parentales.
"No obstante que el Código Penal en algunos delitos lo señale, como es el caso de abusos sexuales o en caso de violación, lo real y lo que sucede es que pasan en ocasiones años para que pueda terminar un juicio. De que puedas tener una sentencia penal y de que derivado de esa sentencia ya puedas tener como consecuencia la pérdida de la patria potestad", señaló.
De forma paralela, los procesos en tribunales familiares, aunque menos rigurosos que los penales, también enfrentan demoras debido a recursos legales y trabas administrativas. En instituciones como el DIF estatal hay menores que han pasado años a la espera de que finalicen estos procesos para poder ser adoptados, lo que prolonga su estancia en el sistema y limita su acceso a un entorno familiar seguro.
Actualmente, en Baja California Sur hay mil 200 personas privadas de la libertad, de las cuales únicamente 30 son mujeres. El penal con mayor nivel de saturación es el de Santa Rosalía, que registra una ocupación del 87 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Este panorama refleja las limitaciones del sistema penitenciario y las condiciones en las que muchas personas, incluso menores, ven vulnerados sus derechos por la falta de agilidad en los procesos judiciales.
Ante esta realidad, una nueva iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado. La propuesta busca que, en delitos como feminicidio, violación o abuso sexual, se retire de forma inmediata la patria potestad como medida de protección para la infancia. La iniciativa también contempla impedir que la patria potestad pase a manos de la familia del agresor.
Sobre este punto, la abogada Karla González Gavarain detalló que la iniciativa tiene como finalidad evitar que los hijos o hijas de una víctima de feminicidio queden bajo la custodia del agresor o de sus allegados.
"Se ha promovido esta ley para efectos de que cuando sea en caso de feminicidio y exista una muerte de una mujer derivado de su situación por ser mujer, como consecuencia la patria potestad no va a quedar al agresor ni a la familia del agresor, por obvias razones", puntualizó.
La propuesta presentada no solo busca responder ante los casos de feminicidio, sino también abrir la puerta para que la patria potestad se pierda con mayor rapidez en otros delitos graves donde la niñez queda completamente desprotegida. Esta reforma representa un intento por cerrar vacíos legales que han permitido que agresores con procesos abiertos o incluso sentencias en curso mantengan un vínculo legal y de poder sobre las víctimas indirectas: sus propios hijos.
