Entre disciplina y críticas, CERESOS en Baja California Sur generan debate ciudadano

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja California Sur, actualmente 1,200 personas privadas de la libertad se encuentran distribuidas en los cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso) del estado: San José del Cabo, Ciudad Constitución, Santa Rosalía y La Paz. La capacidad máxima de estos centros es de 1,900 internos, por lo que operan dentro del límite de ocupación.

En noviembre de 2024, Itzel Sotelo, de 31 años, recuperó su libertad tras cumplir poco más de dos años en el Cereso de La Paz, donde ingresó por un delito contra la salud relacionado con la producción de cannabis medicinal, contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud.

Para ella, su paso por el penal significó un cambio de vida. "La vida te da una segunda oportunidad, entonces para mí ha sido un proceso muy bonito, no voy a decir que no ha sido estresante, claro que sí", compartió en entrevista.

De acuerdo con cifras del INEGI, el 5.5% de la población penitenciaria se sintió insegura al interior de su celda, mientras que el 11.5% dijo sentirse insegura en el centro penitenciario.

Sin embargo, Sotelo rompió estigmas al describir el interior del penal como un espacio con disciplina y actividades para la rehabilitación. "Ya dentro no hay violencia, se trata, hay psicólogos, psiquiatras, actividades deportivas, trabajo, manualidades? me atrevo a decir que es como un gran centro de rehabilitación", relató.

Pese a ello, la percepción en la comunidad es distinta. Habitantes de colonias cercanas, como Emiliano Zapata, consideran que la ubicación del Cereso de La Paz en plena mancha urbana representa inseguridad. "Ya quedó en medio de las casas? a cada rato hay balaceras ahí adentro, no sabemos cómo entra tanta porquería", comentó Juana Cervera, vecina de la zona.

Desde 2017, las autoridades estatales han planteado la reubicación del penal de La Paz, debido a que colinda con parques, comercios y viviendas, aunque el proyecto implicaría una inversión de 500 millones de pesos.

La realidad penitenciaria en Baja California Sur muestra un contraste: mientras al interior se busca impulsar la disciplina, la educación y el trabajo como herramientas de reinserción social, hacia afuera persiste la desconfianza ciudadana por la ubicación de los penales. El reto está en garantizar tanto la rehabilitación de las personas privadas de la libertad como la seguridad de las comunidades que los rodean.